Video

El viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Daniel Vargas, explicó las dificultades que existen para realizar un control fronterizo en Bolivia debido a su extensa frontera y a la topografía de la misma. Después del escándalo por el ingreso y comercialización de autos robados en el país, Vargas señaló la existencia de un plan del Gobierno para frenar el contrabando de estos autos y de otras mercaderías.

"Si existe la necesidad de incrementar más personal (en fronteras), hay el compromiso de hacerlo", manifestó Vargas en el programa 'Influyentes' que se transmite cada mañana por EL DEBER Radio. Asegura que el propio presidente Luis Arce ha expresado su preocupación por el ingreso ilegal de productos al país y ha pedido a la Policía y las Fuerzas Armadas actuar al respecto.

El Plan Estratégico Nacional de Lucha contra el Contrabando contempla "operativos sorpresa en lugares donde se comercializan vehículos indocumentados", afirma el viceministro.

Para Vargas, el principal problema para frenar el contrabando radica en "lo dificultoso por la larga frontera y la topografía del país". A esta situación se suma "el tipo de cambio, sobre todo en Argentina" que supone un aliciente para la compra de productos en dicho país.

Otros factores que limitan la lucha contra el contrabando involucran a los vivientes en las poblaciones fronterizas. "Se convierten en hostiles y no permiten el ingreso de las fuerzas policiales", dijo Vargas.

En estas zonas limítrofes existe "un contrabando organizado y delictivo que está vinculado con el narcotráfico y con otro tipo de actividades como tráfico de personas", declaró Vargas.

Sobre la comercialización de autos indocumentados en Bolivia, Vargas insiste en calificar dicha actividad como ilegal. Rechaza cualquier propuesta que viabilice la nacionalización de los autos 'chutos' entre otros motivos porque "afectará a grandes sectores del país que trabajan de manera legal".

La lucha contra el contrabando también dirige algunas pautas respecto a la falta de control en Chile. "Existen organizaciones delincuenciales que también operan con autoridades de ese país y permiten el ingreso de los vehículos con papeles legales". Este apoyo por parte de algunas autoridades "hace difícil operar" para detectar los motorizados ilegales que ingresan a Bolivia.