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Después de que la justicia enviara a Palmasola con detención preventiva al arquitecto Roberto Antonio Moreno Sanjinés, perito que fue responsable de realizar el avalúo del terreno del vertedero municipal, desde la Fiscalía anunciaron que el vicegobernador de Santa Cruz, Mario Aguilera, será citado a declarar por este caso en el que se investiga un presunto sobreprecio en la compra del terreno.

Moreno Sanjinés fue designado por una terna del Colegio de Arquitectos, a solicitud del Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra. En ese entonces, la primera de estas instituciones estaba presidida por Aguilera.

En este sentido, el fiscal anticorrupción Alberto Zeballos dio a conocer que se ha emitido una citación para el ahora vicegobernador a fin de que declare en calidad de testigo.

El perito estableció un pago de $us 5 por metro cuadrado por los terrenos para el vertedero, aunque un primer informe hablaba de un precio de $us 1 por metro cuadrado. En audiencia cautelar, el juez determinó que Moreno Sanjinés sea recluido preventivamente en el penal de Palmasola por un periodo de 60 días.

Por su parte, Aguilera indicó que si es citado por el Ministerio Público acudirá por un respeto a la institucionalidad que representó cuando era presidente del Colegio de Arquitectos y porque no tiene nada que ocultar, ya que las ternas que envía esta entidad, 80 por mes y 1.000 por año, son transparentes.

Explicó que esta entidad envió dos ternas porque la Alcaldía cruceña hizo la solicitud en dos oportunidades. “En el caso del vertedero, la Alcaldía hizo la solicitud, se envió una terna y, posteriormente, solicitaron otra y nosotros les remitimos una segunda terna. Solo ellos saben por qué”, indicó Aguilera.

Añadió que, para las solicitudes realizadas por la comuna cruceña, se enviaron las ternas de una lista de arquitectos que figuraban como peritos evaluadores que tiene el mencionado colegio de profesionales.

Un informe de la Contraloría establece que la compra de los predios, donde actualmente funciona el vertedero municipal, en la comunidad San Miguel de Los Junos, se hizo con un sobreprecio de $us 8 millones. El nuevo vertedero, que tiene una superficie de 200 hectáreas, fue comprado en $us 10 millones por la anterior gestión municipal. ​​​

El 24 de enero pasado, el fiscal departamental de Santa Cruz, Róger Mariaca, informó sobre la imputación formal contra la exsecretaria de Finanzas del Gobierno municipal, Sandra Velarde Casal, por la compra con supuesto sobreprecio de los terrenos del vertedero municipal. 

La imputación también alcanza a la ex funcionaria municipal Indira Suárez Subirana y a Fabián Égüez Hurtado, uno de los dueños de los terrenos. 

La audiencia de estos últimos, incluida Velarde, está fijada para este viernes 11 de febrero, a las 14:00 horas. Son acusados de los delitos de contrato lesivo al Estado, conducta antieconómica, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.

El Deber