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Un día después de que la Asamblea Nacional de Francia caracterizara "las violencias cometidas por las autoridades de la República Popular de China contra uigures como constitutivas de crímenes contra la humanidad y de genocidio", Pekín denunció “una grosera injerencia en los asuntos internos” del país asiático.

China se "opone firmemente" a la resolución adoptada el jueves por la Asamblea Nacional francesa, que calificó de "genocidio" el trato que recibe la minoría musulmana uigur en el país.

El texto "ignora la realidad" y "constituye una grosera injerencia en los asuntos internos de China", dijo este viernes a la prensa Zhao Lijian, portavoz del ministerio chino de Relaciones Exteriores.

Los musulmanes uigures, una población mayoritariamente sunita, son el mayor grupo étnico de la provincia de Xinjiang, una zona semidesértica del noroeste de China que desde hace tiempo ha sido golpeada por varios atentados.

El parlamento francés denunció en un texto no vinculante "las violencias cometidas por las autoridades de la República Popular de China contra uigures como constitutivas de crímenes contra la humanidad y de genocidio".

La Asamblea "condenó" la situación de los uigures e invitó al gobierno a adoptar "las medidas necesarias ante la comunidad internacional y en su política extranjera ante la República Popular de China" para que cese esta situación.

El portavoz de la diplomacia china criticó el texto y afirmó que carece de "sentido común en materia de derecho".

Los estudios occidentales, que se basan en la interpretación de documentos oficiales y en los testimonios de presuntas víctimas, acusan a Pekín de haber encarcelado en "campos" a más de un millón de personas, en su mayoría de la comunidad uigur.

Entre las denuncias hay acusaciones de que Pekín impone esterilizaciones y abortos a las mujeres y que obliga a los internos a realizar "trabajos forzados".

Pekín afirma que estos lugares son centros de formación profesional orientados de reducir el extremismo religioso.