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Ministro Soria: Macri cargó las armas con que la dictadura boliviana masacró a su pueblo

El titular argentino de Justicia señaló que el expresidente y exfuncionarios de su gobierno “están intentando tomar el pelo, no solo a los argentinos sino también a los bolivianos”.

hace 3 mese(s)

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Ante el rechazo del expresidente argentino Mauricio Macri y otros funcionarios de su gobierno sobre el envío de munición a Bolivia, en noviembre de 2019, el ministro de Justicia de ese país, Martín Soria, los fustigó y señaló que “nos están intentando tomar el pelo, no solo a los argentinos sino también a los bolivianos”.

La anterior semana se reveló una carta de agradecimiento del general Jorge Terceros, entonces comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), al exembajador Normando Álvarez, por la entrega de “material bélico”. La misiva data del 13 de noviembre de 2019, un día después de la autoproclamación de Jeanine Áñez como presidenta del Estado.

Tres jornadas antes se produjo el derrocamiento del presidente Evo Morales, asfixiado por protestas cívicas, un motín policial y la presión de las Fuerzas Armadas, además de un polémico informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que alimentó el discurso del fraude en las elecciones de octubre de ese año que había ganado Morales.

“Macri cargó las armas con que la dictadura boliviana masacró a su pueblo”, remarcó Soria, según un reporte de Página 12. Así salió al paso de justificaciones de exautoridades como la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, sobre que se enviaron pertrechos antidisturbios a Bolivia para la protección de la embajada argentina en La Paz.

El epicentro de la polémica es el destino final de 70.000 municiones, 661 granadas de mano y 100 sprays de gas pimienta que supuestamente fueron enviados de “contrabando”, aparte, exautoridades del mandato de Macri indicaron que los pertrechos fueron utilizados por los 11 miembros del Grupo Alacrán en prácticas de adiestramiento.

“Para que cada uno de los 11 integrantes (de Alacrán que llegaron a Bolivia) que custodió la embajada gastara esa cantidad de municiones antitumulto, debería haber tirado al menos 30 escopetazos por día adentro de la embajada”, subrayó, “nos están tomando el pelo, no solo a los argentinos sino también a los bolivianos”, añadió el ministro argentino.



Asimismo, anunció que las exautoridades involucradas en este hecho se arriesgan a ser acusadas de “contrabando agravado” porque se ocultó este material a la Aduana y se informó un destino diferente, en este caso la embajada argentina en Bolivia. Al respecto, hay las sospechas de que la munición fue a parar a la FAB y la Policía boliviana.

El ministro sostuvo que otro delito que puede recaer en los exfuncionarios es “incumplimiento de los deberes de funcionario”, ya que no se informó al Congreso del envío de ese material a suelo boliviano. “Falsearon el destino para que esa autorización no pasase por el Congreso. El Código Penal argentino les queda chico”.

Apuntó los dardos al expresidente Macri, la exministra Bullrich, el excanciller Jorge Faurie, el exministro de Defensa Óscar Aguad; Leandro Cuccioli, extitular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el exjefe de la Aduana Jorge Dávila, el exresponsable de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) Eugenio Cozzi y los altos mandos de la Gendarmería.

Macri respondió el reciente fin de semana mediante Twitter. “Quiero desmentir de manera rotunda la veracidad de esas acusaciones y, al mismo tiempo, repudiar la carta que el presidente Alberto Fernández envió a las autoridades bolivianas expresando ‘dolor y vergüenza’ sobre esos hechos falsos en lo que quieren involucrarme”.

Apenas posesionada Áñez en Bolivia, se conoció que hubo preocupación en su gobierno por la falta de material antidisturbios para hacer frente a las protestas por la renuncia de Morales. Incluso, ello llevó a que Ecuador, bajo el gobierno de Lenín Moreno, realice un préstamo que también es investigado en ese país.

El 15 y el 19 de noviembre ocurrieron las “masacres” de Sacaba y Senkata, respectivamente, con la muerte de 20 personas en medio de operativos militares-policiales y un polémico decreto de Áñez que eximía a los efectivos castrenses de responsabilidad penal para “restablecer el orden” en el país.


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