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Defensoría del Pueblo: El Gobierno dictador de Áñez cometió delitos de lesa humanidad

La Defensoría del Pueblo de Bolivia publicó un informe sobre las masacres de Sacaba y Senkata en el que concluye que el Gobierno de Jeaniñe Áñez cometió delitos de lesa humanidad

hace 6 mese(s)

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El informe “Crisis de Estado Violación de los Derechos Humanos en Bolivia Octubre-Diciembre 2019”, describe la vulneración de derechos en los hechos violentos que dejaron 37 muertes, 27 de éstas durante la intervención conjunta de la Policía y las Fuerzas Armadas en Sacaba, Senkata y en barrios de la zona Sur de La Paz.

El informe señala que las 20 muertes en Sacaba y Senkata se constituyen en masacres “al haberse cometido el delito de asesinato de forma sistemática en contra de población civil y bajo el conocimiento, órdenes e instrucciones dictadas desde el Gobierno transitorio, características que configuran un delito de lesa humanidad”.

Otros siete fallecimientos, dos en el norte integrado de Santa Cruz; uno en el municipio de Betanzos; tres en las zonas de Ovejuyo, Pedregal, Rosales y Chasquipampa en La Paz, durante la intervención de las fuerzas policiales y personas particulares con la complicidad de la institución del orden; y otro en Sacaba el 11 de noviembre, también están considerados como delitos de lesa humanidad.



Cuestiona la labor de la Policía porque torturó a las personas aprehendidas el 11 de noviembre de 2019 en las zonas de Ovejuyo, Rosales, Pedregal y Chasquipampa de la ciudad de La Paz; en Ciudad Satélite, Villa Dolores, Faro Murillo y Villa Adela en El Alto, y trasladadas a los Distritos Policiales 4 y 3, Comando General de la Policía y la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en la sede de Gobierno.

“La Policía Boliviana, las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público han vulnerado el derecho a la verdad a través de acciones ilegales destinadas a eliminar, alterar o condicionar los elementos de convicción, al haberse evidenciado el amedrentamiento de testigos y víctimas, alteración de la escena del crimen, desaparición de evidencia y la emisión de prueba pericial que no cumple estándares técnicos”, señala el informe.

El informe fue puesto en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).


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