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Procurador: Qué juez se animará a investigar a Murillo si logró mi remoción

Cabrera dijo que su osadía de investigar y contradecir al ministro le hizo perder su cargo; mañana jura su sucesor. Murillo se extralimita en sus funciones, señaló.

hace 1 mese(s)

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El procurador general del Estado  José María Cabrera  deja mañana sus funciones porque fue removido del cargo por la presidenta Jeanine Añez. Cabrera asegura que su salida es resultado de la “furia” del ministro de Gobierno  Arturo Murillo,  porque “osó” investigar el caso de la compra de gases lacrimógenos con sobreprecio y detuvo el proyecto de ley que Murillo propuso para revertir la nacionalización de ENDE, sin competencia alguna y con el riesgo de generar daño económico al Estado. 

Cabrera afirma que con este antecedente no habrá juez o autoridad del Estado en Bolivia que se anime a cumplir con sus obligaciones constitucionales si estas afectan a Murillo.

“Qué otra autoridad del Estado, qué juez se animará a ejercer sus obligaciones y deberes constitucionales que pudieran afectar al ministro Arturo Murillo, si este ha logrado remover al Procurador General del Estado que investigaba actos irregulares que lo involucraban directamente”, alerta.

¿Cómo llegó a ser parte del Gobierno de transición?

Soy abogado constitucionalista, miembro de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales, profesor de Derecho Constitucional y experto en arbitrajes. Soy árbitro de nómina del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cainco de Santa Cruz. Como constitucionalista trabajé en la Alcaldía de Santa Cruz entre 2005 y 2008 y como asesor externo en la Alcaldía de La Guardia. Con base en ese perfil técnico profesional fui invitado para asumir el desafío y el honor de ser el Procurador General del Estado. Llegué sin ningún apadrinamiento ni condicionamiento político. 

Durante estos nueve meses hice mi gestión sin pedirle permiso a nadie, cumplí los compromisos y deberes constitucionales y ejercí lo que manda la Constitución: defender los más altos intereses de Bolivia con independencia y transparencia. Cumplí. Me voy con la profunda satisfacción del deber cumplido.

¿Con qué expectativas llegó?

Todos los que llegamos al Gobierno de transición constitucional teníamos la encomienda de recuperar la democracia de un gobierno autoritario y autócrata, como el de Evo Morales, acusado de  actuar y sentirse por encima de la Constitución. Nuestra misión era revertir esa situación y ser obedientes de la Constitución. Lamentablemente, con el desenlace de mi remoción se da un  contrasentido. Por el cumplimiento de mis deberes soy removido por la furia del Ministro de Gobierno.

¿Qué pasó con la investigación  en el caso gases lacrimógenos?

El jueves, cuando concluyó mi comparecencia en la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa, que también investiga el caso,  respondí a las preguntas de diputados y senadores que desde el 24 de junio la Procuraduría llevada adelante su propia investigación y que en esa fecha envió los requerimientos de información a los ministros de Defensa  Luis Fernando López, y al de Gobierno  Arturo Murillo. 

El Ministro de Defensa remitió toda la carpeta del proceso de adquisición e incluso información adicional; mientras el Ministro de Gobierno no remitió hasta la fecha ni un solo papel, incumpliendo el deber constitucional de responder a la Procuraduría. Debido a eso, días atrás se remitió un segundo requerimiento. En caso de persistir esta negligencia, se debe interponer denuncia penal por incumplimiento de deberes, estorbo al ejercicio  de funciones y obstaculización a la justicia. 

Viéndose el ministro Murillo descubierto en esa su conducta de no cooperación con las investigaciones en un caso que lo sindica, de manera furiosa, le pide a la presidenta Jeanine Añez la remoción del Procurador.

¿El ministro oculta algo?



Esa es la gran interrogante. Quien nada teme nada oculta. Pondero y reconozco la conducta del Ministro de Defensa, que inmediatamente cooperó, y ahí salta la duda, ¿por qué el otro ministro no coopera? ¿Acaso tiene algo que esconder? ¿En verdad hay indicios de actos de corrupción que se pretende no sean descubiertos? Esas preguntas debe responder el Ministro de Gobierno al pueblo y a las  autoridades competentes.

¿En el caso ENDE, de qué se acusa al ministro?

El viernes 11 de septiembre, la Udape nos convocó a una reunión por Zoom,  en la que el Ministerio de Gobierno presentó un proyecto de decreto para revertir la nacionalización de ENDE. La Procuraduría expresó varias observaciones. 

Primero, que una empresa de electrificación no es competencia del Ministerio de Gobierno; segundo,  que se planteaba un procedimiento rápido de aprobación. ¿Revertir una nacionalización hecha hace 10 años es un tema sencillo y de menor trámite? Claro que no. Y, tercero, que no se adjuntaba ningún informe  de los ministerios competentes.

También observamos el argumento de que la nacionalización  fue ilegal. El Órgano Ejecutivo no tiene competencia para declarar la ilegalidad o no de algo; esa es competencia de los jueces. Sin embargo, lo más preocupante era la consecuencia que puede traer declarar ilegal una nacionalización y tener como Estado cuatro juicios  arbitrales en los estrados internacionales por alrededor de 2.000 millones de dólares, todos  por demandas de nacionalización. 

Y si la nacionalización de la empresa fue ilegal, ¿el Estado tendrá que devolver las utilidades que percibió? A esto se suma que los directivos de las entidades privadas a las que se les restituiría el paquete de ENDE, tienen juicios por el caso de Panama papers, ¿se les restituiría una propiedad pese a que están siendo enjuiciados?

Esas observaciones las hicimos el 11 de septiembre y el lunes 14 presentamos una carta, pero ese mismo día nos sorprenden, cuando en la efeméride de Cochabamaba, el ministro Murillo, junto con la Presidenta, anuncian la reversión de la  nacionalización de ENDE. Hasta hoy, pese al anuncio, no existe ese decreto porque ninguno de los otros 16 ministros, excepto Murillo, se anima, en su sano juicio, a firmar semejante medida que constituye un daño económico al Estado. 

¿Cómo ve el papel del Ministro Murillo en el Gobierno?

Al igual que todos los anteriores ministros de Gobierno o más: extralimitándose en sus competencias, invadiendo la competencia del resto de los ministerios. Ejerce una función como si fuera una especie de primer ministro. El ministro Murillo está demostrando que en el transcurso de toda esta gestión actúa como si estuviera por encima de la Constitución y de la ley, lo que el pueblo de Bolivia luchó por desterrar con las movilizaciones de octubre y noviembre. Ninguna autoridad, se llame Evo Morales o Arturo Murillo, puede estar por encima de la Constitución, faltando el respeto al resto de las autoridades del Estado.

¿Tiene mucha influencia con la Presidenta?

Se puso en evidencia. Imagínese, poder lograr la remoción del Procurador que estaba investigando actos irregulares que lo involucraban directamente; es una demostración de un abuso de autoridad. Qué otra autoridad del Estado, qué juez se animará a ejercer sus obligaciones constitucionales si estas pueden afectar al ministro Murillo que logró remover al Procurador.

¿Pudo realizar su trabajo? 

En estos nueve meses desplegué mis funciones sin pedir permiso a nadie, leyendo la Constitución y las leyes ejercí las funciones que me corresponden, con independencia y transparencia.

Página Siete


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