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Juez brasileño denuncia la "inacción" del Gobierno de Jair Bolsonaro ante la invasión de tierras indígenas

"El mundo nos mira horrorizado y no por casualidad. Es porque la deforestación ilegal tiene consecuencias para el ciclo del agua, para la biodiversidad, para el cambio climático", dijo enfático el juez Luís Roberto Barroso.

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Un juez de la corte suprema de Brasil consideró este lunes "inaceptable la inacción del Gobierno" ante la invasión de las tierras indígenas, al abrir la deliberación para proteger a los pueblos originarios de la pandemia de nuevo coronavirus.

"Es inaceptable la inacción del Gobierno -tal vez de todos hasta ahora, en alguna medida- en relación a la invasión de tierras indígenas, aún más a causa del grave riesgo que representa la práctica de crímenes ambientales", subrayó Luís Roberto Barroso.

"No reprimir esos crímenes es gravísimo", agregó el magistrado, relator de la causa que debe refrendar o dejar sin efecto una medida cautelar que él mismo dictó para proteger áreas indígenas.

"El mundo nos mira horrorizado y no por casualidad. Es porque [la deforestación ilegal] tiene consecuencias para el ciclo del agua, para la biodiversidad, para el cambio climático", afirmó.

En la sesión del lunes las partes presentaron sus alegatos. Los otros diez magistrados del Supremo Tribunal federal (STF) empezarán a emitir su voto el miércoles y los debates pueden extenderse a otras sesiones o incluso ser postergados a pedido de cualquiera de los miembros de la corte.

En vísperas del juicio, el célebre fotógrafo brasileño Sebastiao Salgado pidió a los once miembros del Supremo Tribunal Federal (STF) que tomen cartas urgentemente en el asunto.

"Las invasiones [de tierras indígenas] son, como ustedes saben mejor que yo, completamente ilegales. Esas comunidades están protegidas por la Constitución y ustedes son el último recurso", afirmó Salgado, de 76 años, que lanzó una campaña en defensa de los indígenas durante la pandemia.



Más de 600 indígenas fallecieron y al menos 21.000 contrajeron la COVID-19, según datos de la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), que denuncia un "genocidio" de los pueblos originarios debido a la "omisión" del gobierno.

El combate contra la pandemia, que ya dejó más de 94.000 muertos en Brasil, se politizó al extremo, con tensiones entre los gobernadores favorables a medidas de aislamiento y el presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro, que las critica en nombre de la necesidad de mantener la economía en funcionamiento.

UN PROBLEMA ANTIGUO

Entre las medidas solicitadas por la APIB figuran la creación de barreras sanitarias para los indígenas aislados -más susceptibles al virus- y la expulsión de miles de invasores (madereros, mineros ilegales) de sus tierras.

Barroso concedió varios de esos pedidos el mes pasado, de forma cautelar. Su decisión obligó al gobierno a instalar una treintena de barreras sanitarias, a crear una sala interdisciplinaria para administrar las medidas implementadas durante la pandemia y a garantizarles a estas comunidades el acceso al sistema de salud indígena.

El magistrado denegó en cambio el pedido de expulsión de los ocupantes ilegales de siete tierras indígenas en la región amazónica, porque considera que el ingreso de policías y militares a esa región -con un largo historial de invasiones y conflictos- podría desatar un enfrentamiento armado y aumentar el riesgo de contagio.

Determinó sin embargo que el gobierno aísle a los intrusos dentro de las propias tierras indígenas, para evitar el contacto hasta hallar una solución definitiva.

En su exposición de este lunes, Barroso explicó que considera "imperativa" la salida de los invasores, pero hizo notar que es imposible "resolver mediante una medida cautelar" un problema antiguo. "Hace falta un plan. y el Estado debe organizarse para encarar el tema", subrayó Barroso.


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