Por: Julio Peñaloza Bretel *
LAS OPINIONES EXPRESADAS POR LOS COLABORADORES SON PROPIAS Y NO LA OPINIÓN DE KANDIRE
De regreso a la normalidad democrática hace ya más de cien días, y con el rebrote de la pandemia, el gobierno del presidente Luis Arce Catacora encara la emergencia sanitaria con medidas prácticas de adquisición de pruebas antígeno nasales y vacunas que han comenzado a llegar a Bolivia, con el objetivo inicial de proteger a médicos y personal con responsabilidades en la salud pública y privada.
En medio de la segunda ola de la Covid-19, y con la prioridad de atender la salud junto con la reactivación económica a través dela búsqueda del fortalecimiento del mercado interno, en el país continúan instaladas las llamadas narrativas del fraude por el que fue derrocado Evo Morales el 10 de noviembre de 2019, y del Golpe de Estado con el que Jeanine Añez se instaló inconstitucionalmente en el poder dos días después.
El informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) y las pesquisas realizadas a través de las fiscalías departamentales han dado lugar a concluír que no existen pruebas suficientes que puedan convertirse en materia justiciable para enjuiciar a los presuntos autores del supuesto fraude, en este caso, al propio ex presidente Morales, a su ex vicepresidente Alvaro García Linera, a algunos de quienes fueran sus ministros de mayor confianza, y a las autoridades nacionales y regionales del Tribunal Supremo Electoral.
En esta evolución de los acontecimientos, vocales electorales de Santa Cruz, Beni y La Paz fueron liberados de detenciones preventivas y domiciliarias al haberse establecido la falta de evidencias que puedan demostrar de manera concreta y precisa en qué habría consistido el fraude que se convirtió en el detonante para la caída de Evo a partir de una concertación civil, militar y policial, caracterizada por movilizaciones callejeras y motines con los que se consumó la desobediencia de las fuerzas del orden y de la seguridad nacional que aceleraron la salida del entonces presidente del territorio nacional con una “sugerencia” de renuncia planteada por Williams Kalimán, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, quién cuarenta y ocho horas después imponía la banda presidencial a Añez en una irregular sesión del Senado instalada sin el quorum reglamentario.
Las cabezas de la oposición al nuevo gobierno del MAS, insisten, sin embargo, en que se forzó la renuncia de Evo debido a un fraude de grandes proporciones –“monumental” le llama el derrotado candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa–, lo que justificaría la defenestración que en las próximas semanas puede convertirse en un juicio de responsabilidades contra la ex presidenta y ex candidata presidencial, y ahora candidata a gobernadora del departamento del Beni, por haber usurpado funciones violando los artículos 169 y 170 de la Constitución Política y el Reglamento del Senado, al haberse vulnerado la sucesión constitucional en la que no se encuentra consignada la segunda vicepresidencia de la Cámara Alta que ejercía Añez, debido a que la norma indica que la misma contempla al Presidente, al Vicepresidente, y a los presidentes de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, figura legal que los medios de comunicación afines a los sectores opositores al movimiento popular boliviano, se han encargado de invisibilizar, dada la contundencia de su objetividad.
El Tribunal Constitucional boliviano emitió un comunicado sin legalidad ni carácter vinculante, como lo manifestara el Magistrado Petronilo Flores en febrero de 2020 en su comparecencia ante la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados: “Es un comunicado que no tiene ninguna relevancia jurídica. El Código Procesal Constitucional solamente reconoce como vinculantes las sentencias constitucionales plurinacionales, las declaraciones constitucionales y los autos constitucionales.
Ese comunicado, señora presidenta (de la Comisión), a la pregunta, no es vinculante.”El mismo Magistrado Flores enfatiza que el comunicado que viabilizó la asunción de Añez a la presidencia del Estado Plurinacional, “no avala en concreto ningún nombre y carece de relevancia jurídica.”
En la batalla mediática por imponer “narrativas”, los opositores ahora enfrascados en campañas para las elecciones de Gobernadores y Alcaldes a celebrarse el 7 de marzo, no darán su brazo a torcer y seguirán sosteniendo que en Bolivia hubo un fraude encabezado por Evo Morales aunque no puedan demostrarlo fáctica y y jurídicamente, mientras que las organizaciones sociales reafirmarán su convencimiento de que no sólo hubo golpe de Estado, sino que a continuación se instaló un régimen de facto que hizo de la persecución política, el principal instrumento de criminalización de dirigentes sindicales, militantes del Movimiento al Socialismo (MAS) y ciudadanos afines al llamado Proceso de Cambio que gobernó el país entre 2006 y 2019.
Los indicios son claros en sentido de que si bien es posible que Evo Morales no hubiera ganado las elecciones anuladas de 2019 por la diferencia necesaria para consolidar el triunfo en primera vuelta, ya casi no quedan dudas que aunque fuera por una menor diferencia, las ganó contra el mismo candidato, Carlos Mesa, que un año después sería nuevamente derrotado por el sucesor de Evo en la candidatura presidencial, Luis Arce Catacora, esta vez por un abrumador 55 por ciento contra un 28, lo que le permitió una indiscutible victoria en primera vuelta.
El antecedente complementario del carácter autoritario del gobierno de Añez dice que su gobierno consideró la posibilidad de cerrar la Asamblea Legislativa Plurinacional, versión no confirmada, recinto institucional en el que con los dos tercios mayoritarios en ambas cámaras, el Movimiento al Socialismo (MAS) frenó una serie de intentos gubernamentales de imposición en materia de contratación de deuda externa y hasta la lista de ascensos a generales del Ejército que se dirigieron en uniformes de combate hacia el edificio congresal a objeto de arrancar la aprobación de los mismos con intimidaciones que caracterizaron el combate a la pandemia con una exhibición de fuerza con efectivos uniformados en las calles de las ciudades durante los once meses que se mantuvo el régimen de facto en Bolivia.
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