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Gobierno de Añez interfirió en la justicia 10 veces en 6 meses

Las autoridades que ahora se encuentran en el poder buscan influir en las decisiones de los operadores de justicia con declaraciones y acciones directas.

hace 1 mese(s)

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Las autoridades del Gobierno de transición de Jeanine Añez incurrieron en actos de injerencia política en asuntos del sistema judicial al menos en 10 oportunidades. Lo hicieron a través de declaraciones y acciones que buscaban influir en las decisiones de los operadores de justicia, adoptando atribuciones que no les correspondían.

 Dos expertos consultados al respecto (Susana Saavedra, de la Fundación Construir, y Ramiro Orias, oficial de Programa de la Fundación para el Debido Proceso) coincidieron en que no existe un registro de casos de interferencia política en Bolivia. Sin embargo, el Gobierno actual mantiene viejas costumbres del   anterior partido a cargo.

1.-  El 16 de noviembre de 2019, cuatro días después de asumir la presidencia, Jeanine Añez emitió el Decreto Supremo 4078 que eximía de responsabilidad penal a miembros de las Fuerzas Armadas que participen en operativos de “restablecimiento del orden y estabilidad política”. La norma fue luego derogada.

2.-  El 14 de diciembre de 2019 Añez anunció una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales. “Seguramente, en los próximos días, se emitirá esa orden de aprehensión”. Poco después la Fiscalía emitió dicha orden.

3.-  El 1 de febrero el exministro de Minería, César Navarro, y el exviceministro de Desarrollo Rural y Tierras, Pedro Damián Dorado, fueron aprehendidos de forma ilegal en el aeropuerto pese a tener salvoconductos. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, dijo que hubo una descoordinación entre la Fiscalía y la Policía.

4.-  El 6 de febrero se conoció el cambio masivo de investigadores de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) de La Paz. Se cambió a aquellos a cargo de investigaciones contra personas vinculadas al Movimiento al Socialismo (MAS).

5.-  El 11 de febrero el ministro Arturo Murillo advirtió que jueces y fiscales que liberen a delincuentes serán encarcelados. “Tengo información de que hay jueces y fiscales que están empeñados en liberar a delincuentes (…). Estos señores que se están tratando de hacer a los vivos con nosotros van a ir a acompañar a los delincuentes a las cárceles”, manifestó en conferencia de prensa.

6.-  A principios de febrero el fiscal departamental de La Paz, William Alave, y el fiscal anticorrupción, Samuel Lima, fueron alejados de sus cargos. Esto ocurrió poco después de que el ministro Murillo los criticara y pidiera su destitución por supuestas demoras en el caso contra el exministro César Navarro y el presidente del directorio de la Red ATB, Marcelo Hurtado.

7.-  En marzo el ministro Murillo denunció por la vía penal a los jueces que dieron detención domiciliaria al excoronel Gonzalo Medina (vinculado al narcotráfico). El oficial fue devuelto a la cárcel después de que el Gobierno cuestionara la decisión judicial.

8.-  A mediados de abril, la Policía  detuvo a Mauricio Jara, supuesto guerrero digital afín al MAS que “desinformaba” a la gente por redes sociales. La Fiscalía lo imputó y un juez lo envió a la cárcel de Palmasola. Más de 40 periodistas pidieron que Jara sea procesado por la ley de imprenta, en respeto a la libertad de expresión. 

9.-  El 22 de mayo la Policía aprehendió de forma ilegal al juez Hugo Huacani por beneficiar con detención domiciliaria a una persona ligada al MAS. Ahora la Fiscalía le sigue un proceso penal a pedido del Ministerio de Gobierno.

10.-  El 27 de mayo se difundió un audio en el que supuestamente un jefe de la Felcc de La Paz pedía a sus investigadores información de los casos en los que el juez Alan Zárate había beneficiado a detenidos vinculados al MAS.

Bolivia, en el fondo

Ranking  De acuerdo con un ranking que publica World Justice Project sobre la calidad del sistema judicial en el mundo, Bolivia se encuentra en el puesto 121 de 128 países analizados. En primer lugar se encuentra Dinamarca y en último Venezuela. 



Región  Según la misma fuente el sistema de justicia en Bolivia es el penúltimo en cumplimiento de la ley en América Latina y el Caribe. Sólo supera a Venezuela en cuanto a calidad del acceso a justicia. 

Preocupación  Tanto en los 14 años de Gobierno de Evo Morales como en los seis meses de Jeanine Áñez organizaciones internacionales manifestaron su preocupación por la falta de independencia judicial.

“La independencia judicial es una garantía para el ciudadano”

“El principio de independencia judicial en el fondo constituye una garantía para el ciudadano, antes que  para el juez, es una garantía para que el ciudadano tenga un acceso a una justicia independiente, imparcial y sin interferencias indebidas”, señaló el oficial de Programa de la Fundación para el Debido Proceso, Ramiro Orias.

 Con esto el abogado y defensor de derechos humanos resaltó que en última instancia quienes son perjudicados por la actuación de una justicia sumisa al poder (económico o político) son los ciudadanos en general, antes que los mismos operadores del sistema (policías, fiscales y jueces).

Orias señaló que la independencia de justicia, establecida en las normas nacionales e internacionales, pueden ser afectadas por interferencias internas (que provienen del mismo órgano) o externas (como la injerencia del Gobierno).

La directora de la Fundación Construir, Susana Saavedra, explicó que entre las principales causas de la falta de independencia judicial están: la inestabilidad de los operadores como fiscales y jueces, y el bajísimo presupuesto destinado a esta área.

Un claro ejemplo del primer problema es que el 80% de los jueces en el país son provisionales o transitorios. Los puestos no están copados por jueces de carrera. Por esto cualquiera de estas autoridades puede ser fácilmente removida sin ningún proceso previo. 

Sobre el segundo problema, el 2019 se destinó al sector justicia el 0,49% del Presupuesto General del Estado. La distribución fue así: 0,35% para el Órgano Judicial, 0,08% para la Fiscalía, EL 0,004% para Defensa Pública y el 0,02% para el Tribunal Constitucional Plurinacional. Esto de acuerdo a un informe que sacó la Fundación Construir.

Saavedra recordó que en la Cumbre de Justicia de 2016 ya se trató estos temas y se hicieron compromisos que hasta ahora no se cumplen.

Por otro lado, añadió que para luchar contra la corrupción en el sistema judicial se requiere acceso a la información, un derecho que es restringido por las autoridades. “Para atacar la corrupción se requiere información”.

 

Pagina Siete

 


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