
Por: Carmen Miranda Castillo *
LAS OPINIONES EXPRESADAS POR LOS COLABORADORES SON PROPIAS Y NO LA OPINIÓN DE KANDIRE
La renuncia de algunos médicos a cargos administrativos en centros públicos de salud, generalmente jefaturas, resultó ser un engaño a la población, porque en el fondo esos médicos conservan sus ítems, es decir continúan percibiendo salarios estatales.
¡Así cualquiera renuncia!, podría decir usted, y es porque la intención de esa medida es confundir a la población y generar alarma.
El engaño parece ser la característica del accionar de algunos galenos que se atrevieron a marcar ingreso y salida en los centros de salud, mientras no cumplieron sus funciones porque abandonaron a sus pacientes.
La dirigencia no actúa diferente porque, según informaron fuentes oficiales en los últimos días, no bajaron a sus bases la discusión ni las numerosas convocatorias a la negociación, y se dedicaron a evitar acuerdos dirigidos a beneficiar a la población más necesitada.
Se demostró que los intereses económicos de unos cuantos son más importantes que el juramento de preservar ante todo la vida.
Tal vez fueron muchos años de abusos cometidos por varios profesionales de la medicina en Bolivia —no todos, por supuesto, ya que existen médicos honestos y de muy alta capacidad—, pero la regla fue un accionar abusivo con los más humildes de quienes en muchos casos se consideraban superiores al resto de los ciudadanos.
Por esta razón, a pesar de la dureza de un paro médico de casi un mes que afecta a los más necesitados, al parecer muchos prefieren soportar siempre y cuando no se retroceda en medidas que buscan garantizar el derecho a una salud de calidad para todas y todos.
Mientras tanto nos preguntamos si esos médicos que se prestan a renunciar a cargos administrativos pretendiendo conservar sus ítems se saldrán con la suya, y si a pesar de los daños ocasionados a la población con sus medidas quedarán impunes.
También nos preguntamos si lograrán concretarse los esfuerzos de los ministerios de Salud y Trabajo de hacer cumplir la normativa vigente y destituirlos para reemplazarlos por profesionales capaces que tiene este país y que nunca antes tuvieron la oportunidad de ocupar esos cargos por la obstaculización de determinados grupos.
Sin duda, todos deseamos que este conflicto sea superado y que se pueda llegar a un acuerdo, pero también esperamos que quienes recurrieron al engaño no se salgan con la suya.
* Viceministra de Gestión Comunicacional