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Luego de la intervención del 14 de marzo para tomar el control del penal más poblado del país, empezaron a destaparse muchos casos de injusticia, como había anunciado Reynaldo Ramírez en 2017, al ser liberado tras dos años tras las rejas a pesar de ser inocente. El presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) reconoce que estos hechos dejan una mala imagen del Poder Judicial y los atribuye a la sobrecarga laboral, baja asignación presupuestaria, pero asegura que en esas condiciones se trabaja para evitar que se sigan cometiendo esas injusticias.

¿Qué siente al estar a la cabeza de una institución tan cuestionada?

Obviamente que estos hechos dañan la imagen del TDJ, eso es indudable, porque son problemas que no deben darse. Tenemos que solucionarlos y mirar para adelante, no para atrás; lo que queremos es evitar que se repitan.

¿Con la intervención que se hizo en Palmasola que destapó estos casos, no han pensado en hacer una ‘autointervención’ en el Palacio de Justicia para detectar más resoluciones injustas?

Estamos generando toda clase de revisiones. Hemos encomendado, a través de una circular, a los jueces cautelares la tarea de que revisen sus causas.

¿Se les dio un plazo?

No se les ha dado un plazo, pero a raíz de estos problemas vamos a establecer 72 horas (desde el jueves).

Además, estamos coordinando con Sereci y Segip jornadas para documentar a muchos reos que no tienen certificados de nacimiento ni carné.

Da la impresión de que se actúa al calor del momento; hace unas semanas se liberó en seis horas a una persona sin carné que estuvo 12 años con detención preventiva...

Primero tenemos que tener a los detenidos documentados, y cuando se emitan los casos que sean observados los trasladaremos a la Gobernación del penal e iremos a gestionar que se atiendan los casos, principalmente de la gente sin recursos.

Si bien también puede haber fallas en otras instituciones para que se den estos casos de injusticia, ¿dónde identifica usted que están los principales problemas del Poder Judicial?

No es novedoso que la cantidad de jueces en nuestro departamento es insuficiente, la población ha crecido desmesuradamente y aparecen más litigios, y eso no ha sido acompañado con mayor cantidad de jueces.

¿Qué ha planteado ante esta situación?

Siempre he dicho que es un problema estructural y económico porque el presupuesto del órgano judicial no es ni el 1% del Tesoro General de la Nación, pero nos piden resultados y que se atiendan todas las causas, por decir, en 24 horas. Hay una sobrecarga laboral y, según un estudio del Consejo de la Magistratura, hace falta sumar 150 jueces a los poco más de 200 que hay en Santa Cruz, prácticamente duplicar. Por ejemplo, en los juzgados laborales, que son 11, entra un promedio de 100 causas por día.

¿Y qué acciones se han tomado contra esa situación?

Más allá de solicitar más jueces, cada mes, hay otra realidad que es que los que son asignados a provincias al parecer no les resulta ‘atractivo’. Recientemente tuvimos nueve nombramientos y solo tres vinieron a tomar posesión, solo los designados para la capital, los otros seis no se presentaron.

¿Qué otras acciones destaca de su gestión?

Lo primero, creo que es la concienciación a los jueces de que lo que más cuestiona la gente es la sensación de injusticia y eso se percibe a través de sus fallos. Lamentablemente nuestra realidad nos marca que si nosotros queremos ser jueces, porque uno lo escoge, tenemos que trabajar en las condiciones que nos están dando.

Basado en esa realidad hemos pedido que pongamos el hombro a esta administración. También los convenios con municipios para tener casas judiciales propias y evitar gastos en alquileres.///