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Heraldo Muñoz: “Un punto evidente de los alegatos orales serán los cambios de argumentos de Bolivia”

hace 8 mese(s)

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Pasaron cinco días desde que la Corte Internacional de Justicia notificó a Chile y Bolivia que los alegatos orales por el juicio sobre la demanda paceña se realizarán entre el 19 y el 28 de marzo, una fecha anterior de lo estimado inicialmente y que se producirá apenas ocho días después de que Sebastián Piñera inicie su segundo gobierno. Sin embargo, el mandatario electo aún no despeja, al menos públicamente, la incertidumbre sobre la continuidad del equipo que lidera el agente Claudio Grossman. “Es al futuro presidente a quien corresponderá confirmarlo, pero no ha habido señal alguna por su parte de cuestionamiento al actual equipo”, dice el canciller Heraldo Muñoz.

¿Cómo ha sido el trabajo de preparación del equipo de agentes y de los abogados para los alegatos orales?

El equipo que lidera el agente Claudio Grossman ha reunido abogados internacionales de primer nivel y de larga experiencia ante la Corte de La Haya, y se ha apoyado en un grupo de expertos nacionales muy calificados y representativos. Nuestra ventaja es que el equipo se concentró desde la entrega de la dúplica en septiembre del año pasado en la preparación de la fase oral del litigio. Partimos de inmediato y nunca se bajó la guardia. De hecho, hace ya varios meses acordamos realizar una reunión en París con el equipo internacional hoy domingo y mañana lunes para discutir los primeros borradores de los alegatos orales. La notificación de la Corte no nos pilló en absoluto desprevenidos.

¿En qué elementos se ha puesto énfasis?

No sería propio adelantar los argumentos, pero obviamente estos se van a referir a los aspectos históricos involucrados y a los principios legales en juego. Un punto evidente serán los cambios de argumentos que Bolivia ha procurado esgrimir en el proceso.

¿A dónde creen que apuntará Bolivia en la fase oral del juicio?

La verdad es que no me corresponde empezar a especular sobre los argumentos de la contraparte. En todo caso, la fase oral es en gran medida una proyección de la fase escrita.

¿Cuáles son los principales elementos que Chile buscará destacar en los alegatos orales?

En primer lugar, Chile planteará con toda claridad que no existe obligación alguna de negociar la entrega de territorio nacional a Bolivia. La misma Corte estableció en el fallo de la excepción preliminar de 2014 que este caso no es, lo subrayo, no es un caso sobre una cesión soberana al mar en favor de Bolivia. Esa fue la pretensión de Bolivia, pero esta pretensión quedó fuera de este caso. El tema de fondo es si Chile asumió una obligación jurídica de negociar y si esa obligación sigue vigente. En segundo lugar, nuestra posición sólidamente fundamentada es también que no estamos en presencia de una obligación legal, y menos todavía de una obligación de resultado, que deba hacerse efectiva a través de negociaciones. Bolivia pretendía que la Corte reconociera que tenía jurisdicción para establecer que Chile estaba obligado a negociar un acceso soberano para Bolivia, y que incluso Chile había incumplido esa obligación de resultado. En el fallo de 2015 la Corte descartó explícitamente la existencia de tal tipo de obligación. Ha quedado claro que la Corte de La Haya no acogerá la existencia de una obligación de negociar con un resultado predeterminado.

Usted destacó el miércoles el “amplio abanico” presente en el equipo de abogados y agentes de Chile. ¿Esa transversalidad se buscó, precisamente, para dar garantías a todos los sectores del país?

Efectivamente, nuestros casos ante la Corte Internacional de Justicia se han enfrentado invariablemente con una política de Estado. El caso de la Obligación de Negociar con Bolivia se inició el 2013, se extendió durante toda la segunda administración de la Presidenta Bachelet y culminará bajo el próximo gobierno. Nuestro equipo jurídico integra a expertos de muy distinto origen académico y orientación política, que siempre han trabajado de manera armoniosa, pensando en el interés superior de Chile. Además, hemos contado con el sabio consejo de ex cancilleres de gobiernos muy diversos, que cubren un amplio espectro, y de un comité asesor en que también hay sensibilidades muy diferentes. Y nos hemos preocupado de mantener siempre informado al Congreso Nacional, a través de sus comisiones de Relaciones Exteriores, y ocasionalmente Defensa, además de las mesas de las presidencias.

Con ese elemento como base, además de la capacidad profesional de los integrantes, ¿usted espera que se mantenga la conformación actual?

Lo que me corresponde decir es que el equipo actual seguirá trabajando con la misma energía hasta la transmisión del mando. Obviamente, es al futuro presidente de Chile a quien corresponderá confirmarlo, pero francamente no ha habido señal alguna por su parte de cuestionamiento al actual equipo. Además, muchos de sus integrantes tuvieron responsabilidades similares en el caso con Perú, que correspondió en parte a su gobierno. Por otra parte, la continuidad en los argumentos de Chile es clave.

¿Qué sería mejor para los intereses de Chile, considerando que queda poco tiempo para los alegatos?

Chile está muy bien preparado. Como dije, empezamos a trabajar en los alegatos orales en septiembre después de entregar nuestra dúplica. El plazo disponible del 19 al 28 de marzo es razonable, y además está dentro de la práctica de la propia Corte. No quisimos especular con las fechas y tomamos todas las precauciones necesarias trabajando en los alegatos desde hace varios meses.

¿Generó incertidumbre en el equipo que Sebastián Piñera no haya, al menos hasta ahora, dado una señal pública sobre la permanencia del equipo?

Lo único que puedo señalarle es que nadie en el equipo se ha sentado a esperar. Todos están trabajando a plena máquina, sin perjuicio de las decisiones que legítimamente corresponderán al nuevo gobierno.

Usted dijo que las señales que ha tenido son de continuidad. ¿Qué le ha transmitido el presidente electo?

No tengo nada que agregar sobre este punto. A él le corresponderá abundar sobre la materia.

¿Habrá algún encuentro entre Piñera y los agentes del caso antes del 11 de marzo?



Es una posibilidad, y creo que la Presidenta Bachelet estaría de acuerdo. Por cierto, creo que todos estarían disponibles. En todo caso, le estoy suministrando toda la información necesaria. Y cuando haya un canciller designado me reuniré con él o ella para trabajar en los detalles.

¿El presidente electo debe tener injerencia en la estrategia para los alegatos orales o solo debiera intervenir desde que asuma el gobierno?

Siempre hemos estado abiertos a sugerencias y aportes, no solo en el caso de un cambio de gobierno. Por cierto, la opinión del presidente electo es especialmente relevante y mis reuniones con él -ya son tres- han sido valiosas en ese sentido.

¿Cuánto influye que los alegatos sean en marzo y no en junio, julio o agosto?

La verdad es que muy poco. El plazo no nos complica en absoluto. La otra parte ha tenido menos tiempo porque tuvo que abocarse desde septiembre al análisis de nuestra dúplica.

¿Ustedes se prepararon pensando que esta fase del juicio sería a mediados de año aproximadamente?

Efectivamente, hubo señales claras en ese sentido. Sin embargo, sabíamos que las agendas de la Corte son tentativas y que dependen de muchos factores. Los casos y sus distintas etapas están sujetos a variaciones inevitables, como en todos los tribunales del mundo. La Corte Internacional de Justicia tiene plena competencia para determinar su agenda. En la situación actual, ella determinó que era necesaria una nueva ronda de presentaciones por escrito en otro caso que está viendo, por lo cual se le abrió un espacio en marzo para argumentaciones orales en su intensa agenda de trabajo. El caso nuestro era el único en que ya se había finalizado la fase escrita.

¿Valoran que el Papa Francisco no haya dicho nada sobre el juicio durante su visita? ¿Qué gestión previa se hizo?

La visita del Papa Francisco tuvo un carácter eminentemente pastoral, como es natural. Su presencia en Chile fue importante y valiosa. La Presidenta Bachelet agradeció su presencia y destacó que su mensaje fue recibido con alegría y esperanza. Quiero agregar que el Vaticano no negocia con los países las intervenciones del Papa con ocasión de sus visitas. En todo caso, ellos conocen nuestra posición sobre la materia, pero el Papa Francisco no tenía absolutamente ningún tema vetado de nuestra parte.

La Corte afirmó, en el fallo sobre la objeción preliminar, que “incluso si se argumentase que la Corte llegue a la conclusión de que existe tal obligación (de negociar), no le correspondería predeterminar el resultado de cualquier negociación que pudiese tener lugar como consecuencia de dicha obligación”. ¿Esa “limitación” de la demanda boliviana que ustedes destacaron asegura un triunfo de la posición de Chile cuando finalice el juicio?

Me parece que ese párrafo resulta esencial para entender el verdadero alcance de este caso. Creer que este caso consiste en una cesión soberana de territorio chileno en favor de Bolivia es un profundo error.

Pero si el fallo manda a ambos países a negociar, aunque no pueda predeterminar un resultado, sería una derrota para Chile…

Como Canciller de Chile no me corresponde especular sobre contenidos posibles del fallo. Pero no comparto su afirmación. Chile siempre ha mantenido una voluntad de diálogo abierto con Bolivia para mejorar el acceso al mar que ya tiene, pero un diálogo sin imposiciones ni condiciones. Incluso hemos reiterado una invitación a Bolivia a reanudar relaciones diplomáticas plenas. Ha sido Bolivia la que se ha negado a ello, imponiendo condiciones inaceptables e inéditas en las relaciones entre vecinos. ¿Qué país condiciona sus relaciones diplomáticas a una cesión del territorio del otro? Estamos dispuestos a dialogar sobre temas muy diversos, excluyendo solo aquel que Bolivia, por voluntad propia, decidió llevar a la Corte Internacional de Justicia.

En rigor, Bolivia estaría ganando su demanda, que es justamente obligar a Chile a negociar…

Bolivia ha sido muy clara en plantear su caso como una obligación de negociar un acceso plenamente soberano al Océano Pacífico. Eso es lo que busca: una obligación de resultado, no una obligación genérica y abierta. Chile no cederá soberanía territorial.

Usted ha dicho que Chile no va a ceder soberanía. En ese caso, ¿esa eventual negociación no tendría sentido?

Repito. Este no es un caso sobre una cesión territorial de Chile en favor de Bolivia. La Corte lo descartó y Chile está muy satisfecho de que esa opción no esté en el debate.

Se lo pregunto porque si La Haya no puede predeterminar un resultado de una negociación, pareciera que este juicio es, entonces, una pérdida de recursos para Chile…

La pérdida de recursos es para ambos países, no solo para Chile. Qué duda cabe que la energía que se está poniendo en este caso hubiera estado mejor invertida en la construcción de una relación vecinal normal en la que todos ganaríamos. Así se lo planteamos al gobierno boliviano el primer día de la administración de la Presidenta Bachelet. La respuesta fue negativa.

Naturalmente resurgirá el debate sobre si denunciar o no el Pacto de Bogotá. Si bien es una decisión que le correspondería a Piñera, ¿al ser una política de Estado, cuál es la opinión del gobierno actual?

Más allá de las posiciones que muy legítimamente puedan plantearse respecto de este tema, creo que todos coincidimos en que no es el momento oportuno para debatirlo.///


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