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Opinión

El pastorcito mentiroso y su debate juridico nivel meme.
Por: Iván Lima M.

LAS OPINIONES EXPRESADAS POR LOS COLABORADORES SON PROPIAS Y NO LA OPINIÓN DE KANDIRE
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El alcance real de la revisión a la Ley 1005, por parte del Gobierno Nacional es evidente. Los artículos 205 (sobre negligencia médica) y 137 (sobre homicidio en accidente de transito) han quedado derogados por Ley No. 1025. En la nueva gestión de la Asamblea Legislativa se revisara el texto de los artículos 293 y 294 referidos a la sedición y la criminalización de la protesta social. La gestión 2018, estará destinada a debatir el texto de los artículos cuestionados a fin de perfeccionar su redacción; es indudable que las observaciones resultado de este debate nacional concluirán con una “ley modificadora de la Ley 1005”. 

 

Existe un error conceptual al analizar la Ley 1005, se la critica con relación a la redacción de los tipos penales que describen las conductas porque esta redacción sería imprecisa o porque se disminuyo la pena impuesta. Esta visión contrasta con el análisis del modelo de justicia penal, de sus fundamentos filosóficos y especialmente de las decisiones politicas asumidas en su construcción. La critica a la Ley 1005 equivale a criticar el color de las macetas, olvidando analizar la estructura y los cimientos de una obra. 

 

Un Sistema Penal se mide por la decisión política de acoger o rechazar la protección de los Derechos Humanos, la dignidad humana, la restricción de la libertad y el uso de la prisión preventiva. Un modelo punitivo impone la pena de muerte, restringe la libertad y utiliza el sistema penal como solución primaria al conflicto social. Cada modelo esta sustentado por visiones del derecho penal, hace muchos años se ha superado el debate entre causalistas y finalistas; ahora el debate jurídico esta en las Teorías de Argumentación y la manera en que la Constitución toma vida. Lejos de ser un “código de criminales” el derecho penal pasa a ser derecho constitucional en movimiento, es el “código del ciudadano” el que resguarda el debido proceso y protege a las víctimas. 

 



El uso del Poder Penal debe ser realizado de manera restringida, una buena noticia para una sociedad democrática es que sus ciudadanos resuelvan sus problemas por otras vías diferentes a la prisión. Por ejemplo cuando la Ley 603 en su artículo 140 señala que la Libertad de Estado es un requisito para contraer matrimonio, cierra toda posibilidad a la bigamia; aún así podría existir alguna persona que decida casarse nuevamente y esto era posible porque los matrimonios se registraban en libros de papel que no se centralizaban de manera eficiente. Esta posibilidad se limita absolutamente al crearse el SERECI, instancia que registra el estado civil de las personas y certifica la libertad de estado. Aún así podría darse que alguien altere su nombre, lo falsifique y proceda a abandonar a una mujer embarazada. El criminal de mi ejemplo en ese caso podría ser perseguido penalmente bajo la Ley 1005, por el delito de abandono (artículo 160) y falsedad (artículo 186, II, 1).  El principio en debate es el referido a que el derecho penal debe ser usado de manera restrictiva mientras menos lo usemos mejor, el camino es buscar cerrar las carceles y restaurar la paz social, protegiendo a los mas débiles de la sociedad, no crear o mantener delitos sin sentido de subsidiariedad.  

 

Existen, en esta perspectiva un afán de no escuchar y mentir. Me refiero en este caso a la información del abogado Carlos Borth, que señala que no existe pena: “para los productores de pornografía utilizando imágenes no autorizadas”. Esto es una mentira, porque el artículo 99 de la Ley 1005 sanciona con 14 años de prisión este delito cuando se comete con niños, niñas o adolescentes y el artículo 143 que sanciona el uso indebido de imágenes ajenas, el artículo 246 que sanciona el uso indebido de las imágenes en medios informáticos y su agravante en el artículo 250 numeral 5.  El añorado delito de pornografía  que se reclama estaba tipificado por el artículo 324 del Código Penal Banzer y fue declarado inconstitucional por la Sentencia Constitucional 034/2006 de 10 de mayo de 2006. Ni se autoriza la Bigamia, ni se deja desprotegida a la mujer embarazada y mucho menos se deja sin sanción a la pornografía. Entiendo que el Pastorcito Mentiroso no es el mejor título cuando te refieres a un escrito serio, si lo es cuando quieres llevar el debate a una discusión sobre el calibre de la mentira. 

 

Un tema estructural de una Reforma Penal es la Política Criminal, contra el Narcotráfico y la Corrupción. Que lejos esta el Carlos Borth que nos explicaba con tanta fuerza y argumentos la política sobre las drogas del MIR y porque Oscar Eid debía recibir un debido proceso. Las decisiones politicas de la Ley 1005 son progresistas y estratégicas en esta materia. Nuevamente es importante entrar al debate serio: (a) La política de drogas no ataca al consumidor y modula el combate al narcotrafico penalizando a los niveles superiores de la organización criminal y favoreciendo que los niveles inferiores puedan recibir una sanción proporcional y ayuden a castigar a las cabezas de estas organizaciones. (b) La ley Marcelo Quiroga, era una mala ley, una norma que no respondía a una política criminal eficiente, sin ser la opción ideal la Ley 1005 asume decisiones como la referida por el artículo 119 III que exime al ciudadano y lo protege cuando denuncia el cohecho, lamentablemente la lectura aislada de la ley, el desconocimiento del SIGMA que evita la malversación y especialmente la critica del combate al delito basado en la diferencia de la pena muestra una lectura propia del siglo XX ya superada por el derecho penal. 

 

La buena noticia es que la Ley 1005 y la apertura propuesta por el Presidente Evo, nos permitirá desenmascarar la critica real de la mentira. Los que añoran la pornografía y el conflicto del 2003, deben recordar que la Ley 1005, tiene argumentos, principios y una ideología de defensa a los mas vulnerables de la sociedad es evidente que la abrogación es la salida fácil e incluso posible, pero los principios se mantendrán siempre porque son parte del Bloque de Constitucionalidad de la Constitución que tiene en la dignidad del ser humano el criterio de interpretación. Estamos nuevamente del lado correcto en esta historia, porque la Ley 1005 y sus valores terminaran regulando la política criminal del país ese es el estado del debate los “memes” contra las ideas.