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De 15 empresas estatales solo cinco aplicaron el aumento salarial del 5,5%

hace 1 año(s)

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De una lista de 15 empresas públicas y firmas donde el Estado tiene participación mayoritaria, nombradas en el Decreto Supremo (DS) 3615, solo cinco lograron un 5,5% de incremento salarial, que está establecido en el DS 3544 promulgado el primero de mayo. Por norma, los ajustes salariales de las entidades con participación estatal, dependen de la sostenibilidad financiera y las utilidades de la gestión pasada.

Para los empresarios, la medida es discriminatoria, ya que el aumento anual es obligatorio para el sector privado y es la base para negociar con sus trabajadores, mientras que para el sector público, el incremento del 5,5% es el porcentaje tope y dependiendo de dicha disponibilidad económica, puede ser menor.

De acuerdo al DS 3615, el alza salarial fijado con retroactividad desde el primero de enero, es para los funcionarios de la Administración de Servicios Portuarios Bolivia (ASP-B), de la Empresa Estratégica Boliviana de Construcción y Conservación de Infraestructura Civil (EBC), de la Agencia Boliviana Espacial (ABE), de la Empresa Estatal de Transporte por Cable Mi Teleférico y de Bolivia TV.

Las demás empresas y firmas con participación mayoritaria estatal tienen entre un 5,49% y 3% fijado por la normativa que establece que “no podrá ser superior al incremento aprobado anualmente para el sector público”.

Requisitos

El decreto 3448 emitido en enero de 2018 establece que las empresas constituidas legalmente como Sociedad de Economía Mixta (SAM), Sociedad Anónima (SA) o Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL),  en las que el Estado posea una participación accionaria para beneficiarse del incremento salarial, deberán presentar a su ministerio responsable del sector la solicitud de incremento, autorización de su máxima instancia resolutiva, balance general, estado de resultados, flujo de efectivo de dos gestiones anteriores y dictamen de auditoría externa. Además deberá demostrar sostenibilidad financiera  en su flujo de caja proyectada para tres años, utilidades de la pasada gestión y demostrar que el incremento salarial debe ser pagado con ingresos generados en la operación del giro del negocio.

Factores decisivos

Consultado al respecto, el presidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), José Pimentel, expresó que el análisis salarial pasó por la consideración de varios factores en cada empresa minera, donde no existe planilla única.



“El cálculo del incremento se ha hecho en función a las utilidades de cada una de las empresas. Pero también de otros factores. Por ejemplo, Huanuni ha tenido el mayor incremento (5%), pero hay que considerar que durante seis años no tuvo ningún aumento. El incremento en Colquiri y Vinto ha tenido un aumento salarial sostenido cada año. Coro Coro (5,49%) y la oficina central de Comibol en La Paz (5,49%) no tuvieron aumento anteriormente”, explicó Pimentel.

Con respaldo técnico

El gerente de la ASP-B, David Sánchez, explicó por su parte, que su entidad, debió exponer en reunión de directorio, la justificación de un incremento salarial para sus funcionarios, de acuerdo a normativa que fue aprobado antes del decreto 3615.

“Evidentemente, la ASP-B goza de los respaldos técnicos y por lo tanto se ha aplicado este incremento del 5,5%. Como empresa estratégica, nosotros hemos cumplido los requisitos. No se está comprometiendo la liquidez de la empresa, no se recurre a préstamos y no se afecta a proyectos consolidados”, señaló.

Se quiso conocer la versión de las principales autoridades de BoA, Vinto y Ende, que son las empresas que no calificaron para tener un mayor aumento salarial, pero no se los encontró.

Discriminación

El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, lamentó la discriminación del Gobierno contra el sector privado que genera distorsiones con efectos nocivos sobre la economía y el empleo.

“El Gobierno define los aumentos salariales con un criterio de productividad y según la situación financiera de cada una de sus empresas. Eso nos parece correcto. Pero en el caso de los privados, impone un aumento ciego y abusivo, sin considerar ninguna de estas variables y sin importarle que haya empresas al borde la quiebra o afectadas en su producción por el contrabando, la informalidad y el ingreso indiscriminado de productos chinos”, exclamó.

Añadió que la política salarial que está aplicando el Gobierno, en acuerdo con la COB, es también discriminatoria para los propios trabajadores, ya que el  5,5%, alcanza a menos del 30% de los asalariados, que son los dependientes de las empresas privadas del sector formal.

Por otro lado, expresó que hay cientos de alcaldías, varias gobernaciones y ministerios que están autorizados a no aumentar salarios, pero el aumento no llega al 70% que trabaja en la informalidad y no accede a ningún incremento ni aguinaldo. 

De la misma forma, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Marco Antonio Salinas, rechazó las diferencias que se hace entre las empresas privadas y públicas.

“Es un atentado al sector privado. En el sector público se aplica una lógica empresarial y en el privado, una lógica política que busca perjudicarlo”, reclamó.

Participación

En mayo pasado, el Congreso Nacional de Empresarios y Emprendedores realizado en Santa Cruz, ya había expuesto que algunos actores del Gobierno no comprenden que para crecer, un país necesita de la participación articulada y coordinada entre la economía estatal y la privada.

“No hay nada más nefasto para un país que destruir a su empresariado privado. Las últimas medidas, como el aumento salarial desvinculada de una racionalidad económico-productiva, la promesa anticipada de un segundo aguinaldo y la Ley de Empresas Sociales, son precisamente una nueva muestra de esta tendencia y han terminado generando una reacción masiva de las grandes, medianas y pequeñas empresas, de todos los departamentos y los sectores, que nos han llevado a declararnos en emergencia y convocar al congreso”, señala un documento de ese entonces.

Diferenciado para todos

El analista económico Alberto Bonadona también calificó de “discriminatoria” la forma de actuar del Gobierno porque lo que toma en cuenta es si las empresas estatales están en posibilidades financieras de pagar el aumento salarial, mientras que a la empresa privada, no le hace ningún tipo de diferencia.

“Este análisis de eficiencia financiera se debería aplicar con todo tipo de empresas, incluso viendo las características que tienen en su producción, particularmente, si tiene proyecciones de crecimiento a futuro. Esta norma no premia el esfuerzo por crecer, sino observa el aspecto salarial. Debería ser diferenciado para el sector privado y con mayor detalle, en cuanto a las características de cada empresa”, propuso.

Por lo mismo, el experto dijo que se tendría que hacer una evaluación empresa por empresa, mostrando  su gestión anterior, pero también, sus proyecciones  “y sobre esa base, sería mucho más interesante hacer este tipo de aumentos o de exigencias al sector privado”.///


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