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CIDH admite denuncia contra el Estado boliviano por ejecución en el Hotel Las Américas

hace 6 mese(s)

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) admitió la denuncia contra el Estado boliviano, representado por el presidente Evo Morales, por la violación de nueve derechos de la Convención  Americana de los Derechos Humanos, entre ellos, la supuesta ejecución extrajudicial en el Hotel  Las Américas del 16 de abril de 2009, que posteriormente se llamó “caso terrorismo”.

El “derecho de petición” que significa un pedido de “promover la observancia y la defensa de los derechos humanos”, fue presentado el 21 de septiembre de  2009 por Gianni Prado Herrera y Carolina Dwyer en representación de Mario Francisco Tádic Astorga y otros. El informe de admisibilidad fue aprobado por la CIDH el 24 de febrero de 2018.

Antes, el gobierno boliviano fue notificado el 4 de marzo de  2016 y entre junio a septiembre de 2017, presentó observaciones desconociendo la jurisdicción y competencia de la CIDH para revisar sentencias pronunciadas por tribunales nacionales, y con ello prolongó un mayor debate que al final concluyó en que la CIDH se declaró competente, para admitir un derecho de petición por casos vinculados a los derechos a la vida.

Uno de los co-imputados en el caso terrorismo y que actualmente vive refugiado en Estados Unidos, Hugo Achá, dijo  que el trabajo de la Comisión es el filtro previo para que el caso suba a la Corte Interamericana de Derechos Humanos abriendo causa contra el gobierno de Evo Morales y Álvaro García Linera, por crímenes de lesa humanidad.

En su fundamento cita la ejecución extrajudicial del irlandés Michael Dwyer (abatido junto a Eduardo Rózsa y Arpad Magyarosi) como resultado de las acciones policiales en el operativo desarrollado en el Hotel Las Américas y la falta de investigación y de ser probada podría generar responsabilidades por posibles violaciones de los artículos 4 (vida), 5 (integridad personal), 8 (garantías judiciales) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana en relación con su artículo 1.1, en perjuicio de la presunta víctima de la familia, así como los artículos 1,6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.



En el caso de Mario Tadic, Elöd Tóásó, Alcides Mendoza y Juan Guedes, se podría generar cargos por su falta de protección judicial efectiva, posibles violaciones a los artículos 5 (integridad personal), 7 (libertad personal), 8 (garantías judiciales) y  25 (protección judicial)  de la Convención Americana en relación con su artículo 1.1, en perjuicio de la presunta víctima de la familia, así como los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en perjuicio de las presuntas víctimas y sus familiares.

Se alegan violaciones en el proceso penal seguido contra Mario Tadic, Elöd Tóásó, Alcides Mendoza y Juan Guedes, que son tratados reiteradamente por el gobierno como “terroristas” en distintos medios de comunicación.

Asimismo la supuesta aplicación retroactiva de normas y la presunta confiscación de bienes personales, la prisión preventiva de las presuntas víctimas y la imposibilidad de impugnarla debido a la naturaleza de los delitos por los que son procesados, podrían caracterizar  posibles violaciones de los artículos 7 (libertad personal) 8 (garantías judiciales), 9 (principio de legalidad y de retroactividad), 11 (protección de la honra y dignidad), 24 (igualdad ante la ley) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana de los Derechos Humanos en relación con  sus artículos, 1.1 y 2.

El informe Nº 6/18 hace referencia también a los alegatos del Estado sobre una supuesta falta de competencia.

Sin embargo la CIDH reconoce que no es competente para revisar las sentencias dictadas por tribunales nacionales que actúan en la esfera de su competencia y apliquen el debido proceso y las garantías judiciales. No obstante reitera que dentro del marco de su mandato, sí es competente para declarar admisible una petición sobre el fondo, cuando ésta se refiere a procesos internos que podrían ser violatorios de derechos  garantizados por la Convención  Americana, indica el informe.///


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